El complejo turístico carece de permisos de impacto ambiental

CANCUN, QR.— Por el desmonte de tres hectáreas de manglar y no contar con las autorizaciones de impacto ambiental y zona federal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la tarde de ayer un hotel en Cancun, el hotel Maroma Paradise Beach Club and Marina, ubicado en el corredor que va de Cancun a la Riviera Maya, en la zona norte de Quintana Roo.

La incursión de los 15 inspectores de la dependencia, adscritos a la Dirección General de Impacto Ambiental y Zona Federal, provocó el enfado de unos 120 trabajadores que los rodearon con palos, martillos y demás objetos, para impedir la medida.

En respuesta, Raziel Villegas, funcionario de Profepa quien encabezó el operativo, solicitó la intervención de la fuerza pública y al sitio se presentaron elementos de la Secretaría de Marina, a fin de contener a los trabajadores y evitar mayores agresiones al personal de la dependencia.

Sobre el incidente, Manuel Barrero Gutiérrez, representante legal de Viajes Acuáticos Turquesa, razón social del complejo turístico, indicó que la llegada de los inspectores coincidió con el cambio de turno de trabajadores sindicalizados, quienes al enterarse de que el centro de hospedaje sería cerrado, intentaron detener la medida para defender sus fuentes de empleo, ya afectadas por la reciente contingencia sanitaria.

Villegas Nuñez declaró que la gente que los atacó fue “acarreada” y aseguró que fueron rodeados por la turba y que entre el personal a su cargo había mujeres, por lo que tuvo que recurrir a la fuerza pública.

Sorprende medida

En cuanto a la clausura, el representante legal del resort se dijo sorprendido, ya que mostró un documento firmado por el delegado de la Profepa en la entidad, Jorge Luis Morales Arjona. El escrito versa sobre una prórroga expedida por el funcionario que les permitiría subsanar faltantes de procedimientos administrativos anteriores y, específicamente para dar término a una auditoría ambiental, como parte de un proceso de certificación al que se adhirió la empresa.

La prórroga abarca hasta el 30 de diciembre del año en curso y en su anexo cuarto establece que, en tanto aplique, el personal de la dependencia puede ingresar al sitio sin que ello implique el levantamiento de actas administrativas o el inicio de procedimiento alguno. Raziel Villegas explicó que la prórroga en efecto se refiere a un convenio de concertación para poder efectuar las medidas del Plan de Acción, correspondiente al Programa Nacional de Certificación Ambiental, al que la empresa se inscribió el 25 de mayo de 2006.

Sin embargo, ello es totalmente aparte de la clausura que derivó de un par de denuncias ciudadanas por la tala de manglar.

Luego de visitas de inspección se constató —dijo el funcionario— el desmonte de tres hectáreas de manglar, sin autorización de impacto ambiental, así como la operación de la marina, sin concesión de zona federal. Al menos, ningún documento fue exhibido.

El funcionario federal añadió que para abrir el camino de dos kilómetros que permite acceder al complejo hotelero de 42 habitaciones, se taló y rellenó el manglar, para luego echar pavimento; todo ello también sin autorización de impacto ambiental ni de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

La clausura es total-temporal y el centro de hospedaje no puede operar, advirtió.